“Uno de los hitos más importantes de la Confederación en estos 35 años ha sido cambiar el concepto `enfermedad´ por el concepto de `salud´; promocionar la salud, el bienestar y el equilibro físico y emocional de todas las personas, es una toma de conciencia para recordar que debemos cuidar nuestra salud mental”, asegura Celeste Mariner, directora ejecutiva de Salud Mental España.

 

Según Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, “reivindicar la salud mental es en sí ya un hecho positivo que empieza a limar algunos viejos temores de etiquetas y diagnósticos. La salud mental es un derecho que tenemos todos, y tiene que estar basada en los derechos de las personas”.

 

 

El movimiento asociativo de Salud Mental España nació pocos años antes de la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, en cuyo artículo 20 se podía leer: “la atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y domiciliario”. Pero es tras su aprobación cuando este movimiento crece con rapidez “para dar respuesta a los nuevos retos que planteaba la reforma psiquiátrica”, afirma González Zapico. 

 

Y es sobre todo gracias al trabajo de las casi 300 entidades que forman Salud Mental España que se ha ido dando respuesta a las diferentes necesidades que han surgido tras la aprobación de la Ley General de Sanidad. “Supimos desde siempre que nadie iba a hacer las cosas por nosotros y el tiempo nos ha dado la razón, el movimiento protagonizó en su día, y lo sigue haciendo, la reivindicación de lo general a lo concreto”, apunta el presidente de Salud Mental España.

 

La Ley General de Sanidad anunciaba la reinserción, la atención integral y la intervención con la persona afectada desde el ámbito comunitario, sin embargo todo eso ha quedado a medias y sigue siendo necesario aumentar los recursos destinados a la atención y prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la salud mental o formar y sensibilizar a los médicos de Atención Primaria, entre otras necesidades de carácter urgente.

 

Pese a los avances logrados en todos estos años, los propios profesionales de la salud mental reconocen que la ley ha tenido un desarrollo con muchas carencias y que la prevalencia del estigma incluso ha aumentado.

 

 

Según la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, entre el 2’5 y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave, lo que supone más de un millón de personas. En general, el 9% de la población tiene algún tipo de trastorno mental (grave o leve) y el 15% lo tendrá a lo largo de su vida. Todo esto, sumado a la escasez de recursos y la atención deficitaria hace que el coste total de los trastornos mentales en España ascienda a unos 83.000 millones de euros, un 8% del PIB. 

 

Y así lo entienden también en el mundo asociativo, como explica Nel González: “La salud mental debe ser una prioridad en la agenda política pública por muchas razones: por los derechos de las personas, para evitar el sufrimiento de las personas y porque supone un importantísimo gasto para las arcas públicas del Estado”.

 

Salud Mental España continúa su lucha, dadas las circunstancias, e insiste en un abordaje de la salud mental más amplio, no debe limitarse al ámbito sanitario sino ser transversal. La entidad aporta además un trabajo elaborado por los profesionales que recoge de alguna manera la esencia de este abordaje transversal, se trata de las cuatro medidas terapéuticas incorporadas a la Cartera Básica de Servicios, que son: planes individualizados de atención, equipo de intervención familiar, apoyo domiciliario y equipo multidisciplinar (profesionales de la psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería en salud mental, auxiliares, etc).

 

 

De ahí que entre los retos de futuro, este movimiento señala con insistencia algunas de sus reivindicaciones históricas, todavía necesarias, como explica Celeste Mariner: “Nos preocupa y debemos prepararnos para una tendencia que hemos observado en los últimos años: el retroceso en la defensa de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Cada vez más aumenta el uso de sujeciones físicas, químicas y psicológicas. Debemos solicitar que, en todos los servicios que se prestan a personas con problemas de salud mental, se realice una atención sin discriminación. Debemos insistir en el enfoque comunitario e individualizado y aumentar la participación de las personas, sus familias y su entorno. También debemos destacar la promoción de salud, fortaleciendo capacidades de asertividad, comunicación, empatía y autoestima, desde las primeras etapas de la vida”.

 

En definitiva, las claves podrían resumirse en la necesidad de aumentar los recursos en salud mental para, entre otros muchos aspectos, terminar con la falta de coordinación sociosanitaria, empoderar a las personas con problemas de salud mental, mejorar su imagen social y luchar contra la discriminación. “Somos un movimiento de acogida, apoyo y autoayuda que empodera a las personas con problemas de salud mental y a su entorno, pero sobre todo, queremos ayudar a las personas a cumplir sus sueños y a recuperar su vida”, afirma la directora ejecutiva de Salud Mental España.

 

Desde la Confederación se exige a la administración pública un mayor compromiso para el desarrollo de políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos que aseguren una atención en salud mental de calidad y debe hacerse con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud como eje vertebrador y siempre en absoluto cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Pero para que todo esto tenga sentido “hay que situar a la persona afectada por un problema de salud mental en el centro de cualquier intervención y fomentar su participación en todas aquellas decisiones que afecten directamente a su proceso de recuperación”, apunta el presidente de la Confederación.

 

 

En la actualidad, ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tiene empleo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo de las personas con problemas de salud mental, es del 85,7%. “A todas luces, un escándalo”, en palabras de Nel González Zapico.

 

La escandalosa realidad laboral de las personas con problemas de salud mental es un reflejo y consecuencia de todo aquello que no funciona bien o ni siquiera se lleva a cabo en la atención a la salud mental de los ciudadanos en este país. De ahí que Salud Mental España señale con rotundidad la necesidad de impulsar “políticas que favorezcan la transición desde el empleo protegido al empleo ordinario”, que se aumente “la inversión en planes de formación y capacitación para el empleo” y que el sistema de compatibilidad entre el trabajo y las pensiones “se adecúe a las necesidades” de las personas con problemas de salud mental. Y también, de manera urgente, reclaman a la administración pública que “ponga en marcha un plan de sensibilización al tejido empresarial ambicioso y efectivo”. 

 

La Confederación aglutina hoy a más de 300 entidades y 47.000 socios y socias. Desde junio del año 2015, Feafes pasó a denominarse Confederación Salud Mental España, un cambio de nombre que tiene como objetivo ofrecer a la sociedad una visión positiva de la salud mental, alejándose del concepto de “enfermedad”. Con el lema ‘De la soledad a la sociedad’, la confederación pretende simbolizar la evolución que se está produciendo en la manera de afrontar los problemas de salud mental, desde hace 35 años (en soledad) hasta ahora (en sociedad).